Ginesa López, concejal de Presidencia, realizó balance del último Pleno de carácter ordinario celebrado en la ciudad.
Comenzó el mismo por el primer punto del orden del día que consistió en la aprobación del estudio técnico económico de la gestión del servicio de depuración de las aguas residuales de la pedanía de la Yedra, en el marco de la encomienda de gestión a la Diputación de Jaén.
El segundo punto trató sobre la propuesta de aprobación del reglamento de régimen interior del Consejo Escolar Municipal de Baeza, en este sentido detalló que “se trata de un documento que da marco legal a la comunidad educativa de nuestro municipio, que deberíamos tener desde el año 2010 y que hasta ahora no se había redactado. En este asunto a tratar se ha producido debate por parte de la oposición, a lo que se le ha respondido que el documento que se presenta está basado íntegramente en la normativa al respecto, tanto el decreto 332/1998 como el decreto 286/2010 y además se ha puntualizado que si el Consejo Escolar Municipal de Baeza no tiene aprobado su reglamente de régimen interior, le será aplicado lo recogido sobre organización y funcionamiento de ambos decretos, por lo que no tiene sentido no aprobar dicho documento. Tras su debate este ha sido aprobado por mayoría absoluta”.
El tercer punto trató sobre la aprobación inicial de la modificación número 4-2021 del plan general de ordenación urbana de Baeza, en el artículo 33.3.3 donde se da respuesta a un problema que lesionaba gravemente los intereses de la comunidad de regantes de la Laguna con motivo de la derogación del anterior PGOU de 2012. Según argumentó se trata de “un problema enquistado relacionado con las dimensiones de las balsas y la distancia entre éstas, al que se le ha dado solución gracias a las acciones realizadas por el actual equipo”.
Continuó su intervención haciendo balance de las mociones presentadas por la oposición. Explicó la concejal de Presidencia que “la primera de ellas trató sobre el impuesto que el gobierno central impone para el depósito de residuos en vertederos con objeto de que el total de lo recaudado con este impuesto sea transferido de nuevo desde la Junta de Andalucía a los Ayuntamientos. En el debate se ha explicado que el impuesto al que se hace referencia es un impuesto del año 2022 del gobierno central de Pedro Sánchez y que el año pasado fue la Diputación de Jaén la que se encargó de pagar dicho impuesto. Este año la Diputación se ha negado a pagarlo aún gestionando el consorcio de residuos, por lo que traslada la obligación a los Ayuntamientos. El alcalde Pedro Cabrera ha presentado una enmienda a uno de los acuerdos de esta moción para que el gobierno central modifique la ley 7/2022 y anule el impuesto indirecto a los ciudadanos, cuestión que no ha sido aceptada por el grupo socialista. Motivo por el que la moción no ha sido aprobada” concluyó.
Por último, argumentó la defensa de la segunda moción sobre la cesión del uso turístico de la Iglesia de San Ignacio a la Cofradía de la Borriquilla, así como la eliminación de los edificios aledaños a la iglesia para que esta quede exenta. En este sentido apuntó que “el debate ha ido en la dirección de no condicionar la inversión que esto supondría para las arcas municipales al ejercicio de 2024 y dejarlo para próximos presupuestos, cuestión que se modifica en la moción” detalló.
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